La llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia marca un giro económico y político tras 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). Con el 54,5% de los votos frente al 45,5% de Jorge Quiroga, el líder del Partido Demócrata Cristiano se impuso en el balotaje del domingo 20 de octubre y abrió la puerta a un viraje del modelo estatal que dominó el país desde 2006.
Aunque Paz fue la opción más moderada en segunda vuelta, uno de los ejes más claros de su campaña fue la propuesta de un “capitalismo para todos”, una consigna que marca distancia con las políticas de intervención estatal, subsidios y nacionalizaciones promovidas por los gobiernos del MAS.
Paz plantea reducir impuestos y aranceles, facilitar el acceso al crédito e implementar una banda cambiaria con límites máximos y mínimos para estabilizar la moneda.
“El capitalismo para todos es platita para la gente, estabilidad para que bajen los precios, reglas claras para producir con un Estado que te ayuda”, dijo durante el debate frente a Quiroga.
Para analistas como Carlos Toranzo, se trata de un giro sustancial respecto al modelo aplicado por Evo Morales y sus sucesores: “Pasaremos del capitalismo de Estado y de camarilla a una economía abierta en la cual se acepte la inversión privada y extranjera”.
Sin embargo, la aplicación de este programa enfrenta desafíos inmediatos: el déficit fiscal ronda el 10% del PIB, los subsidios a los combustibles cuestan cerca de US$2.000 millones anuales y el nuevo gobierno ha descartado recurrir al Fondo Monetario Internacional.
Paz sostiene que los recursos “alcanzan si no se roba” y adelantó que activará más de US$3.500 millones ya aprobados por organismos multilaterales, actualmente sin ejecutar por parte del gobierno saliente.
También anunció que levantará progresivamente las subvenciones a los combustibles, excepto para sectores vulnerables. La medida podría generar tensiones sociales, como ocurrió en 2010 cuando Evo Morales intentó una desregulación similar que terminó siendo revertida tras protestas.
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Descentralización fiscal: la “Agenda 50/50”
Otra de las apuestas del nuevo gobierno es la redistribución del presupuesto nacional. Actualmente, más del 80% del gasto público se concentra en el gobierno central. Paz propone dividir los recursos de forma equitativa entre el Estado, las gobernaciones, municipios y universidades públicas.
Su llamada “Agenda 50/50” busca responder a viejas demandas, especialmente de las regiones del oriente, y obliga a pactos políticos en un Congreso sin mayorías claras.
También anticipó una reforma institucional que incluye la descentralización operativa de la Policía, para lo cual dio protagonismo a su vicepresidente electo, Edman Lara, exoficial que ha denunciado corrupción en esa fuerza.
Plan de reforma estatal y control del gasto
El presidente electo planteó la suspensión de empresas públicas deficitarias, la digitalización de las contrataciones estatales y mayores controles anticorrupción.
Asegura que Bolivia destina más de US$1.300 millones a lo que califica como “gastos superfluos” y ha prometido recortar privilegios políticos. Además, podría impulsar una reforma judicial que elimine la elección popular de jueces, aunque esto implicaría cambios constitucionales.
La derrota del MAS —que obtuvo apenas 3% en la primera vuelta, debilitado por disputas internas y el deterioro económico— abrió un escenario inédito. Paz, economista de 58 años, exalcalde de Tarija y exsenador, capitalizó el respaldo de sectores medios y populares desencantados.
Para analistas como Gabriela Keseberg Dávalos, el resultado “anuncia un cambio de era, pero falta ver si es sustentable”. Las reformas económicas, fiscales e institucionales que propone Paz requerirán alianzas parlamentarias y contención social.
Mientras tanto, la expectativa está puesta en cómo se materializará su promesa central: un “capitalismo para todos” en un país marcado durante dos décadas por el intervencionismo estatal.