En la Unión Europea, las mujeres siguen ganando de media un 12% menos por hora que los hombres, según datos de Eurostat. Pese a años de políticas y compromisos, la brecha salarial de género persiste. Para enfrentar esta desigualdad estructural, la UE ha puesto en marcha una nueva directiva de transparencia salarial que busca garantizar un principio tantas veces proclamado como postergado: igual remuneración por trabajo de igual valor.
A través de esta normativa, aprobada en 2023, Bruselas obliga a los Estados miembros a adaptar su legislación antes del 7 de junio de 2026. La medida busca que los trabajadores conozcan el rango salarial de los empleos antes de postularse y que las empresas estén obligadas a justificar diferencias salariales significativas. El objetivo es romper con la cultura del secretismo en torno a los sueldos, uno de los factores que ha perpetuado la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral europeo.
Sin embargo, a poco más de un año del plazo, el progreso es dispar. Según un seguimiento del despacho Addleshaw Goddard, publicado en septiembre de 2025, 10 de los 27 países de la Unión aún no han tomado medidas concretas para implementar la directiva. Entre ellos se encuentran Austria, Italia, Grecia, Dinamarca, Hungría y Portugal.
Otros ocho —como España, Francia y Finlandia— trabajan en proyectos de ley que todavía no han llegado al parlamento, mientras que en cuatro países, entre ellos Irlanda, Lituania, los Países Bajos y Suecia, los textos ya fueron publicados. Bélgica, Malta y Polonia avanzan parcialmente, y Alemania prepara una actualización de su legislación vigente para ajustarla a los nuevos estándares comunitarios.
“Al cierre de 2025, la mayoría de los países de la UE aún no están listos con la implementación de la directiva y, en general, avanzan lentamente”, advirtió Monika Krzyszkowska-Dabrowska, jefa de la práctica laboral del bufete Addleshaw Goddard en Varsovia. Los Países Bajos, incluso, postergaron la entrada en vigor de su normativa hasta enero de 2027.
Ajustes o leyes nuevas
Los enfoques son variados. Algunos países optan por ajustar marcos legales existentes, especialmente aquellos que ya contemplan la igualdad de remuneración. Otros, en cambio, diseñan leyes completamente nuevas para reflejar las exigencias comunitarias.
“El alcance de la directiva es amplio y cubre múltiples dimensiones de la transparencia salarial”, explica el Dr. Duncan Brown, del Instituto de Estudios del Empleo (IES). “Muchos países ya han aplicado algunos elementos, lo que explica el progreso más lento hacia el cumplimiento total”.
Austria, por ejemplo, mantiene desde 2011 una política de transparencia salarial. Según el académico Andreas Gulyas, de la Universidad de Viena, solo necesitará ajustes menores para cumplir con los nuevos requerimientos europeos.
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Razones del retraso
Más que resistencia política, lo que frena el proceso es la magnitud del cambio. “La directiva impone nuevas obligaciones a los empleadores y amplía los derechos de los trabajadores, otorgando además mayor poder a los tribunales y a las autoridades laborales”, señala Krzyszkowska-Dabrowska.
Las disposiciones son técnicas y detalladas, pero su aplicación práctica exige una transformación profunda en la forma en que las empresas gestionan y reportan la información salarial. “Estos cambios remodelarán el panorama jurídico y exigirán un enfoque coordinado con múltiples soluciones interconectadas”, agregó la abogada.
Una agenda presionada por la coyuntura
La lentitud también responde al contexto político y económico. “Desde la pandemia, Europa vive una década de inestabilidad”, advierte Brown. “La guerra en Ucrania, el aumento del gasto en defensa, la crisis del costo de vida y el auge de movimientos populistas han desplazado las prioridades legislativas”.
En ese entorno, las reformas sociales avanzan con dificultad. Sin embargo, Bruselas insiste en que la transparencia salarial no solo es un tema de equidad, sino también de eficiencia económica. Diversos estudios de la Comisión Europea apuntan a que la reducción de la brecha salarial podría impulsar el crecimiento y mejorar la productividad laboral en el largo plazo.
La pregunta es si los Estados miembros lograrán traducir esa visión en leyes efectivas antes de que se venza el plazo. Por ahora, la igualdad salarial en Europa avanza —como casi siempre— entre la ambición política y la realidad administrativa.